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Antes de implementar cualquier estrategia de administración de renta inmobiliaria es necesario conocer a cabalidad el marco legal que rige al sector. Por ejemplo, en Chile, la ley Devuélveme mi casa introdujo modificaciones que actualizaron la ley anterior (N° 18.101) promulgada en 1982.
Conocer tales modificaciones y sus implicaciones te ayudará a ser mucho más eficiente en tu gestión de rentas. Podrás orientar a tus clientes con conocimiento basado en la legalidad.
Por eso, en este artículo te contaremos todo lo que necesitas saber sobre el tema. ¡Continúa leyendo para descubrir la naturaleza de las modificaciones y sus beneficios!
En Chile, la ley Devuélveme mi casa (N° 21.461) fue publicada en junio de 2022. Dicha ley incorpora una medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles y establece un procedimiento monitorio de cobro de rentas.
Se trata de un proceso rápido que agiliza la reclamación de deudas vencidas por concepto de arrendamiento cumpliendo con ciertos requisitos. Este procedimiento permite acortar la vía del proceso.
La ley Devuélveme mi casa introduce algunas modificaciones para beneficio de los propietarios, pero no deroga la ley 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos. A continuación, te mostramos los aspectos en los que se incluyen dichos cambios:
El título de la ley es especialmente sugerente y significativo: “¡Devuélveme mi casa!” Denota, con todas sus letras, su intención de proteger los intereses de los arrendadores.
La ley se justifica ante los frecuentes casos de deudas insolutas por cuestión de arrendamiento y la dificultad de obtener la restitución del inmueble. Su objetivo es darle celeridad a los procesos judiciales, en caso de que los arrendatarios incumplan con lo establecido en los contratos.
Es decir, ante la falta de pago oportuno del monto de arrendamiento, el arrendador puede solicitar la restitución anticipada de su inmueble, con base en la ley. Lo mismo procede ante la no preservación de las condiciones del inmueble.
Con esto, se busca resguardar los intereses de las personas que han optado por la inversión inmobiliaria como forma de ingreso. Y también se intenta evitar la apropiación indebida de activos inmobiliarios.
Es importante que conozcas todos los elementos que debe contener la demanda para evitar devoluciones y demoras en el proceso. Así podrás actuar con diligencia ante problemas de este tipo y apoyar a tus clientes.
La demanda monitoria de cobro de rentas de arrendamiento y restitución del inmueble arrendado debe señalar los siguientes aspectos:
Si el juez estima que la demanda monitoria cumple con todos los requisitos legales, la acogerá y ordenará que se solicite el pago al deudor. Debe realizarlo en el plazo de 10 días corridos.
El juez establecerá en la resolución que si el deudor no paga, no comparece o no formula oposición, se le tendrá por condenado. Deberá pagar lo adeudado y se dispondrá su lanzamiento y el de los otros ocupantes del inmueble en un plazo no superior a 10 días.
En el contrato de arrendamiento se establecen obligaciones recíprocas. Así que el arrendador también cuenta con recursos legales a su favor para defender su situación.
Dentro del plazo legal, puede formular una oposición a la demanda monitoria por escrito. En ella, debe señalar los fundamentos de hecho y de derecho de las alegaciones y excepciones que opone.
Es obligatorio consignar los medios de prueba de los cuales se valdrá en el juicio posterior. Una vez entregadas, no se podrá incluir ninguna otra. El juez puede desestimar la oposición y seguir adelante si las pruebas carecen de fundamento.
La ley Devuélveme mi casa es un instrumento que introduce modificaciones a la ley N°18.101. Su objetivo es garantizar la tranquilidad de los propietarios. Les brinda protección en materia de deudas por cobro de arriendo y deterioro de la estructura de su propiedad.
Si te dedicas a la administración de rentas, te conviene estar al día con los temas legales relacionados con el sector inmobiliario, pero no sólo eso, también es necesario automatizar tus procesos de cobranza y comunicación con arrendadores y/o arrendatarios para evitar cualquier posible situacion de conflicto que derive en una causa judicial.
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